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“Es hora de cambiar la ruta para una seguridad sin guerra”: México Unido contra la Delincuencia

Fuente: Proceso

13 marzo 2017. CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La propuesta de crear una Ley de seguridad interior para regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a la crisis de la violencia y transgresiones a los derechos humanos que enfrenta el país.

“Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra”, subrayó la organización México Unido contra la Delincuencia, luego de destacar que de acuerdo con lo expresado por múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio titular de la Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar.

Lo mismo ordena la Constitución, pero la realidad es que las Fuerzas Armadas mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace diez años esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil, apuntó la organización en un comunicado.

En este contexto, agregó, se ha planteado la necesidad de dar a las Fuerzas Armadas un marco legal para definir los alcances de su participación en las tareas de seguridad pública. “Coincidimos en que es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos que una Ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía”, subrayó.

Según la agrupación, se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las FFAA hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. La propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada, resaltó.

La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede y los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional, por lo tanto, apuntó, la propuesta de crear una Ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas.

“La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio, ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Sedena”.

Señaló que México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia, y antes que una Ley de seguridad interior, recalcó, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles.

Para ello, añadió, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. “El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido”.

Según Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, el concepto de seguridad interior es poco claro. “Confunde las funciones –y tareas– de seguridad nacional y de seguridad pública. Las propuestas de Ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia, entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad”.

Tras insistir que la Ley de seguridad interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada, el colectivo propuso promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías.

Y esta ley, detalló, debe incluir fuertes contrapesos de los poderes Legislativo y Judicial; fijar objetivos precisos, así como límites de tiempo, claros e improrrogables; incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública, y considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones ad hoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las Fuerzas Armadas.

Sugirió, asimismo, que las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos vayan aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, Congreso de la Unión, la academia, las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida, señaló.

El plan de regreso, agregó, debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

Igualmente, sostuvo, esa comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

 

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