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Acuerdo Nacional por la Seguridad la Justicia y Legalidad

El 21 de agosto de 2008, los poderes Ejecutivo Federal y Estatal; el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal; representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales; medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL).

Para asegurar el cumplimiento de los 74 objetivos que contempla el Acuerdo, México Unido Contra la Delincuencia A.C. dio seguimiento y evaluó su cumplimiento en diferentes plazos.

A DOS AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO

A dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) lamenta el escaso cumplimiento de los tres Poderes de la Unión y las autoridades estatales.

Entre los principales resultados obtenidos destaca que sólo 5 objetivos fueron cumplidos al 100% y 4 tienen calificación de cero.

Las dependencias del Gobierno Federal obtuvieron una calificación de 5.

Entre los objetivos que no se cumplieron destaca la falta de una estrategia nacional contra el lavado de dinero, el mejorar la capacidad institucional del MP, fortalecer las redes de atención a víctimas del delito, regular la telefonía móvil y fija, así como crear campañas para promover la cultura de la legalidad y fortalecer la Atención a personas con problemas de adicciones.

El poder Legislativo Federal disminuyo su calificación en un punto, pues de acuerdo a la evaluación del primer año, paso de 7.5 a 6.5 en este segundo aniversario.

A la fecha ha cumplido al 100 por ciento en 3 de 7 objetivos firmados, sobresalen el asignar presupuestos que fortalezcan los programas, otorgar mayores recursos a estados y municipios, y realizar auditorías a las 32 entidades federativas.

Entre los objetivos que no muestran avances, es la ley de ejecución de sanciones penales, la cual no muestra avance alguno y mantiene una calificación de cero. De igual forma se encuentra la Ley general del delito del secuestro, que si bien fue aprobada en la cámara de senadores, mantiene una seria de errores que hace inviable cumplir su objetivo.

El poder Judicial Federal obtiene una calificación de 7.0

En estos dos años el Poder Judicial ha mostrado uno de los mayores avances en el cumplimiento del acuerdo, sin embrago se registra una calificación de cero en el objetivo de favorecer la celeridad en los procesos.

y finalmente, los Gobiernos de los Estados reciben una calificación de 6.2

 
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