Foto: Defensor
Foto: Defensor
MUCD en los Medios
El necesario cambio en la política de drogas: una perspectiva nueva desde el ángulo de los derechos

En el presente texto el autor analiza los ingredientes nocivos y las consecuencias de la política prohibicionista contra las drogas en el país, lo que lo llevó, junto a tres integrantes más de la asociación smart, a solicitar un amparo a la Suprema Corte con el fin de obtener un permiso para el cultivo, cosecha, utilización y consumo de marihuana sin fines de lucro.

Fuente: Juan Francisco Torres Landa R.* / Dfensor

Introducción

México, 15 de junio de 2016.- Mucho se ha dicho, a lo largo de varias décadas, respecto a la necesidad de reevaluar la vigencia, idoneidad y pertinencia de la política prohibicionista de drogas. La evidencia respecto a la sistemática imposibilidad de lograr las premisas básicas del prohibicionismo (reducir la oferta y contener la demanda), aunado a la acumulación desoladora de daños propiciados por la política en sí misma, había ya generado detractores bien informados con argumentos técnicos de por qué la política no puede sino calificarse como un fracaso absoluto.

Sin embargo, no fue sino hasta hace unos meses que se confirmó la posibilidad de un análisis desde una perspectiva hasta ahora poco explorada, la de los derechos humanos. En efecto, el 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), por un voto mayoritario de 4 a 1, resolvió conceder el amparo y justicia de la protección federal a cuatro miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (smart)1 en relación con la revisión 237/20142 interpuesta en contra de la negativa por parte de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para expedir un permiso para cultivo, cosecha, utilización y consumo de marihuana sin propósito de lucro.3

En este breve ensayo nos proponemos dar una semblanza de las razones que motivaron a que los miembros de smart propusiéramos la solicitud ante Cofepris y la subsecuente petición de protección constitucional ante el Poder Judicial Federal, así como los pasos que venimos dando a partir de la resolución histórica antes referida (la del triple 4: por haberse dictado el 4 de noviembre, por cuatro ministros y a favor de cuatro personas quejosas).

Exposición del tema

El fracaso de la política prohibicionista se ha venido documentando desde hace muchos años. En México, desde fechas tan remotas como el 17 de febrero de 1940 –fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Federal de Toxicomanías– existe evidencia clara del por qué la idea de tratar el consumo de drogas bajo la perspectiva de seguridad pública y no de salud pública ha sido un error.

El error parte del origen, la pretensión era que el consumo de drogas se controlaría a base de restringir su disponibilidad. La aplicación de la ley de la oferta y la demanda implicaría que con un control eficaz estatal el suministro de drogas se limitaría de tal forma que el consumo se haría crecientemente inviable por precios crecientes e inalcanzables. Sin embargo, la realidad es justo la contraria, la oferta de demanda es crecientemente grande en volumen, frecuencia y variedad, y a la vez los precios siguen cayendo con el tiempo.

Otro defecto fundamental de la política prohibicionista está en considerar que al sancionar penalmente el consumo se va a atender el problema subyacente. Si el bien jurídico tutelado es el de la salud y el bienestar de la persona, la pregunta es si la mejor forma de protegerlo es a través de la aplicación del derecho punitivo (la máxima herramienta de sanción de conductas de particulares que tiene a su alcance el Estado). La pregunta es particularmente relevante ante lo absurdo que resulta que en la especie se sancione a quien consuma drogas ilícitas (no así las drogas lícitas, aunque algunas puedan notoriamente tener incluso mayores impactos negativos a la salud como el caso del alcohol y el tabaco)4 y no a quien realice la máxima posible agresión a su condición de vida en el caso de una tentativa de suicidio. A ese absurdo jurídico se suma el que el Estado sanciona penalmente por poseer drogas, se remite a las personas a centros penitenciarios que son lugares en que no solamente no existe el menor rastro de una readaptación o reinserción social –más bien un centro de capacitación delincuencial–, sino que además son lugares de reconocida disponibilidad y consumo de drogas.

Si todo lo anterior no fuera suficiente para demostrar los nocivos ingredientes y consecuencias de la política prohibicionista, tenemos además el enorme problema y central crítica que representa la creación de un enorme mercado ilícito de drogas. Es decir, ante la evidencia contundente de una base estable de consumidores, la política en comento representa en el fondo la abdicación por parte del Estado a su capacidad regulatoria en cuanto a generación, distribución, calidad, tiempos, formatos, lugares, etc. Todas esas actividades se entregaron, como obsequio de la prohibición, a la delincuencia organizada que ha visto su presencia territorial y fortaleza financiera crecer en forma contundente y peligrosa para la sociedad completa en México y el resto del mundo donde se siga aplicando sin mérito alguno esta política de enormes deméritos.

El panorama desolador en nuestro país es grave. Particularmente a partir de 2006, cuando dio inicio la infame guerra contra las drogas,5 hemos visto cómo se han venido acumulando los “daños colaterales” a los que se refieren las autoridades, a saber más de 100 000 personas muertas, más de 26 000 desaparecidas y más de 250 000 desplazadas.6 Con esta evidencia abrumadora, resultaba relevante articular una nueva estrategia que obligara el análisis de un cambio de fondo en este tema de salud pública que no puede ni debe seguirse tratando desde un esquema de seguridad pública.

Artículo completo: Dfensor

NOTAS

1 smart es la primera organización ciudadana de autoconsumo responsable y tolerante cuyo objetivo es defender el derecho humano de libertad de elección. Crea un refugio para todas las personas con problemas de salud que pueden encontrar alivio a sus padecimientos en el uso responsable y controlado de la marihuana. Para mayor información véase Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable, “Acerca de”, disponible en , página consultada el 4 de febrero de 2016.

2 Véase Primera Sala, Amparo en Revisión 237/2014, 4 de noviembre de 2015, disponible en , página consultada el 4 de febrero de 2016.

  1. 3  Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, Oficio 133300EL350355, del 13 de junio de 2013, suscrito por el director ejecutivo Jaime H. Gómez Arroyo.

  2. 4  Existen múltiples estudios y análisis del tema, en particular refiriendo el nivel mucho más dañino del alcohol y el tabaco comparado contra la marihuana. Véase Dirk W. Lachenmeiera y Jürgen Rehm, “Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other

Otras referencias

México Unido Contra la Delincuencia, “El cambio de la política de drogas ¿es necesario?” (video), en YouTube, disponible en, página consultada el 15 de marzo de 2016.

México Unido Contra la Delincuencia, “Nuestras publicaciones”, información científica sobre política de drogas y alternativas legales de regulación, disponible en , página consultada el 15 de marzo de 2016.

México Unido Contra la Delincuencia, “Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas”, disponible en, página consultada el 15 de marzo de 2016. 




Los mexicanos ya nos unimos contra la delincuencia y la impunidad

Desde nuestra fundación en 1997, en MUCD hemos enfocado nuestros esfuerzos en atender víctimas del delito Leer más

 
México Unido Contra la Delincuencia, A.C., y el logo son marcas registradas.
© 2012 México Unido Contra la Delincuencia, A.C. Todos los derechos reservados.
Aviso de privacidad
Emerson 243 Piso 7, Col. Chapultepec Morales,Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11570 México D.F.
Correo Electrónico: mucd@mucd.org.mx.
Números de contacto: 55-15-67-59, 52-77-83-11 y el 01-800-838-83-08.