Secuestros deducibles
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Carlos Elizondo Mayer-Serra
18 Mar. 10
El Senado se encuentra discutiendo una Ley General de Protección de las Víctimas del Delito de Secuestro. La ley ha sido promovida por varios de los afectados por secuestros y tiene el aval de las tres principales fuerzas políticas.
Perder un hijo debe ser la peor tragedia. Es imposible imaginárselo para quien no lo haya sufrido. Más duro aún debe ser si es responsabilidad de criminales recurrentes con fines de lucro que lo hacen ante la mirada incompetente o cómplice de las autoridades.
El dolor por la muerte de un hijo, sin embargo, es un mal consejero a la hora de legislar, como es evidente en esta ley, la cual tiene algunos avances, pero está llena de artículos de difícil administración y con incentivos perversos. Además, pierde el foco de la responsabilidad del Estado: eliminar los secuestros. El secuestro es un delito evitable cuando se tiene un cuerpo policiaco de élite honesto, eficaz y creíble, por ello casi no existe en países desarrollados. El secuestro no puede ser aceptado como el estado natural de las cosas que requiere, por ello, una ley para ayudar a sus ineludibles víctimas.
Una perla. El artículo 57 de la propuesta de ley estipula: "Cualquier pago que sea realizado por concepto de rescate, será deducible en cien por ciento del Impuesto sobre la Renta a favor de quien haya realizado el pago". Ésta y otras disposiciones con la misma lógica van a estimular mayor corrupción, simulación y secuestros.
Esta ley asume que pagar es lo correcto, cuando es parte del problema. En Colombia e Italia se buscó limitar las posibilidades de pago como una de las formas para disminuir con éxito la incidencia de este odioso crimen.
No será fácil saber si un secuestro se dio de verdad. Menos siquiera si se pagó la cantidad reportada. A menos que pidamos a los secuestradores darse de alta en el SAT y emitir facturas, se está abriendo la puerta a una industria delictiva más, la de simular secuestros. Ésta agobiará aún más a nuestras endebles autoridades, las cuales ya no sólo deberán atender los secuestros reales, sino los simulados con fines de evasión fiscal o la suspensión de juicios en contra de las víctimas, otro beneficio que otorgaría esta ley.
Esta ley no debe ser aprobada. Al respecto me proclamo orgulloso miembro de la generación del no. Espero que muchos legisladores lo sean también en este tema.
Una ley debe perseguir un fin deseable y debe crear incentivos realistas para ayudar a alcanzarlo. Varios artículos de esta ley demuestran nuestro precario entendimiento de los instrumentos y fines adecuados para modificar el comportamiento humano y lo fácil que es tratar de mantener contento al respetable público con artículos absurdos.
Otro ejemplo de ley absurda con dedicatoria de hace unos años: mandatar por ley el 8 por ciento del PIB en gasto público para la educación. Nadie cree que se pueda cumplir, pero ha servido para pedir más dinero cada año para el sector, sin que más dinero lleve a mejor educación.
No hay claridad respecto a cuáles son las responsabilidades y obligaciones del gobierno y los ciudadanos. La obligación del gobierno no es gastar, es dar una educación de calidad, al menor precio posible. El derecho de un ciudadano no es que le salga más barato un secuestro, con cargo al fisco, sino, más bien, no tener que enfrentar ese riesgo.
La confusión es una plaga. Rafael Eslava, jefe de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la Cofetel, afirma, según el periódico Reforma del día viernes 12 de marzo, que cortarle a los usuarios de celular su servicio por no haber registrado su número es "violar el derecho de estas personas a estar comunicadas". El registro en cuestión es una más de las legislaciones recientes mal diseñadas, pero ¿de verdad el derecho de un ciudadano debe ser protegido cuando basta enviar un mensaje de texto para conservarlo? ¿De verdad tiene lógica hacer deducible el pago de rescates? No. Sin embargo, parece que hacerlo aumentaría la popularidad de quienes lo aprueben.
Lo deseable y difícil es construir cuerpos policiales capaces de evitar el secuestro. Esto toma tiempo, mientras que una ley se redacta rápido y fácilmente se puede presumir en spots de radio y de televisión a cargo de nuestros impuestos. Como no hay reelección, los responsables de legislar esto, si terminan por aprobarlo, ya no estarán en su cargo ni podrán ser llamados a rendir cuentas cuando se vea el error que cometieron.
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